• Fiducis economistas

El Gobierno regula la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus


El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.


La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas regirán tras la finalización del estado de alarma, el próximo 21 de junio, y el proceso de desescalada. Desde ayer, ha recordado, el 52% de la población (aproximadamente 25 millones de personas) se encuentra ya en la fase 3, la última antes de la nueva normalidad. María Jesús Montero ha insistido en que el virus sigue siendo una amenaza para nuestra seguridad mientras no haya un tratamiento eficaz o vacuna, por lo que hay que seguir tomando precauciones.


El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha especificado que la norma aprobada hoy permanecerá vigente hasta que el Gobierno declare de forma motivada el final de la crisis sanitaria, tras escuchar a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.


Prevención, detección precoz y sistema sanitario preparado


Illa ha señalado que algunas de las medidas no son nuevas, sino que prolongan las adoptadas durante el estado de alarma, como las de prevención e higiene que, ha reiterado, son claves para frenar la propagación del virus.Concretamente, se ha referido a la limpieza de espacios públicos y privados, el lavado frecuente de manos, el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes. A partir de ahora, en los medios terrestres, ha destacado Illa, los operadores que trabajen con asiento preasignado deberán conservar los registros de pasajeros un mínimo de 4 semanas "para poder garantizar la trazabilidad de los contactos si se produjeran casos positivos".

También se da continuidad a las obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información de la enfermedad al Ministerio de Sanidad por parte de todos los operadores sanitarios de las comunidades autónomas. Illa ha destacado la importancia de la detección precoz y la vigilancia epidemiológica para poder adelantarse a cualquier rebrote y, si se produjera, garantizar las capacidades del sistema sanitario para afrontarlo en un breve periodo de tiempo.


Así, se especifican los recursos necesarios de profesionales sanitarios, disponibilidad de camas y la obligatoriedad de planes de contingencia y la realización de pruebas diagnósticas PCR o similares tan pronto como sea posible en los casos sospechosos. Respecto a los centros residenciales de mayores, se establece que deben estar coordinados con los centros sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas y tener preparados planes específicos para hacer frente a eventuales rebrotes.


La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con el objeto de garantizar la disponibilidad de los que sean necesarios para hacer frente al coronavirus, podrá recabar información de los fabricantes sobre sus operaciones de producción previstas y, eventualmente, establecer prioridades. Además, y excepcionalmente, tendrá la facultad de otorgar licencias previas de funcionamiento de instalaciones para garantizar la fabricación en España de productos sanitarios y medicamentos.


Reducción de gases de efecto invernadero


El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

La figura del derecho de emisión es una autorización para emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compraventa, y es la base de un sistema de mercado que permite regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, el sector de generación eléctrica y el transporte aéreo.


La portavoz del Gobierno ha explicado que esta propuesta legislativa modifica la norma actual para adaptarla a los nuevos objetivos de reducción de emisiones que la Unión Europea se ha marcado como contribución al Acuerdo de París, y que se concretan en, al menos, un 40% en 2030 con respecto a los valores de 1990.


Montero ha afirmado que este proyecto, junto a la Estrategia de economía circular, el Real Decreto de traslados de residuos y el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados recientemente aprobados, demuestran que la crisis del COVID-19 no ha apartado al Gobierno de la lucha contra el cambio climático, uno de los temas prioritarios de su agenda: "El cambio a un sistema productivo más sostenible y respetuoso con el medioambiente es una oportunidad para fortalecer nuestro tejido productivo y España no va a perder el tren de la revolución verde".


Foto Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

  • Facebook - círculo blanco
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon

Avda. Reino de Valencia, 51 - 6º pta. 11ª

46005 VALENCIA

 

963 355 641

info@fiducis.es

Horario: Lunes a Viernes

             09:00-19:00